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Barata desbarata

“Aquí tiene que discernirse entre lo que es la inobservancia de reglas de carácter electoral, de lo que constituye inobservancia de normativa penal”.

Existen dos pilares, internacionalmente y por lo general aceptados en el Derecho Penal, como son la territorialidad y la temporalidad para el procesamiento por perpetración de delito. El delito es perseguible por la autoridad penal nacional en caso de haberse cometido dentro del territorio nacional, incluidos los espacios en que se ejerce jurisdicción. Adicionalmente los actos u omisiones punibles tienen que estar calificados como tales, desde antes de su ejecución, con lo que hay también conexión con el principio de legalidad.

En la actualidad nos vemos en la necesidad de procesar a partícipes de delitos que se han cometido en parte en nuestro territorio, pero también en el extranjero, incluso planificados en el exterior para ser ejecutados en el interior de nuestro país.

Como vemos, nos referimos al escándalo delictual, denominado Lava Jato, de origen brasileño, en que están comprometidos funcionarios y socios de empresas constructoras con alcance internacional originarias en Brasil, pero que incluyen responsabilidades de personas jurídicas, que si bien no delinquen quizás corporativamente, de algún modo, han facilitado la comisión de delito.

La situación sui géneris mencionada, para la que no estábamos preparados en cuanto normas legales y autoridades que pudieran tener experiencia en la investigación y encausamiento judicial de delitos con ramificaciones internacionales, nos tiene que llevar a comprender la demora que causa impaciencia en la ciudadanía, la que quisiera ver denunciados, detenidos y procesados a quienes han incurrido en actos activos o pasivos de corrupción, relacionada con la ejecución de grandes obras.

El tema se complica aún más, cuando también existe relevancia política y en donde hay que distinguir aportes económicos para campañas políticas de partidos o agrupaciones que ganaron las elecciones, como también de los que no ganaron. Aquí tiene que discernirse entre lo que es la inobservancia de reglas de carácter electoral, de lo que constituye inobservancia de normativa penal.

Mientras en el tema administrativo electoral, la sanción por la percepción de ayudas económicas no debidas, es por lo general multa, cuando dichas ayudas están hermanadas con favores en contratación de obras por quienes recibieron los aportes, la cosa es muchísimo más complicada, pues constituye delito. Te doy aporte dinerario, logístico o de servicios para la campaña, como retribución de “favores”, realizados o por realizar, para la contratación de obras públicas u otorgamiento de concesiones.

Como estamos observando, parecería que difícilmente se salvan de las imputaciones las agrupaciones políticas que han llegado a ser gobierno nacional, regional o municipal en cerca de las tres últimas décadas, en que incluso se comprometen a los componentes de alianzas políticas, por más que se escuden en el famoso “yo no fui” o en el más famoso “no lo sabía”, cuando veías la utilización de desmesurados recursos económicos de campaña, intentando cubrir la vista con chalinas monocolor.

Tenemos todavía mucho por ver y oír, cuando se escuche cómo “canta” el famosísimo Barata, teniendo como audiencia a los miembros del Ministerio Público del Perú, que tendrán que tener un manejo severo en relación con la delación premiada y la confesión sincera, y sin perjudicar la ejecución de obras en curso.

Escribe: Antero Flores Araoz – Abogado y político / Exitosa

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