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Aseguran pago inmediato al Estado en casos de corrupción

Congreso debatió y aprobó proyecto de ley que reemplazará al Decreto de Urgencia 003-2017 sobre reparación civil al Estado.

El Pleno del Congreso de la República dejó listo para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo la propuesta de ley que sustituye al Decreto de Urgencia 003-2017 para asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

Los beneficios de la futura ley son los siguientes: preserva la inversión de las empresas vinculadas a actos de corrupción (confesas e investigadas), garantiza la viabilidad de los proyectos y el cumplimiento de la cadena de pagos a favor de los trabajadores y de los proveedores, evita la pérdida de 26 mil empleos en las obras y 53 mil empleos en la construcción y establece una salida ordenada de las empresas consideradas corruptas.

Otra novedad es que incentiva a las empresas comprendidas en actos de corrupción a que suscriban acuerdos de colaboración eficaz en las investigaciones del Ministerio Público y consigna la responsabilidad mancomunada derivada de los actos de corrupción.

En la parte final del debate vespertino intervino el congresista Miguel Torres (FP) quien aclaró que la principal agrupación política de oposición no es obstruccionista con respecto al Poder Ejecutivo y la prueba está en la participación de sus integrantes en las comisiones de Justicia y de Economía del Congreso durante el receso parlamentario -al igual que de los otras bancadas políticas- “porque nosotros sí ponemos el hombro a favor de la sociedad”.

Antes intervino Luz Salgado (FP), quien manifestó que el dictamen en debate no contemplaba parámetros para el cálculo de la reparación civil a favor del Estado. “Ojalá que las empresas investigadas se acojan a estos beneficios. Se ha perdido un año”, dijo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi (PPK) cerró el debate aceptando algunas de las propuestas expuestas durante el debate matinal y vespertino.

En la primera votación se tuvo este resultado: 80 votos favor, 24 en contra y 7 abstenciones. Se exoneró la segunda votación con 75 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones.

En contra

Algunos congresistas cuestionaron su contenido, afirmando que era “una ley con nombre propio” y que no iba a solucionar la corrupción en el país, entre ellos el congresista Yonhy Lescano, quien criticó abiertamente su contenido y la forma en la que se aprobó, además de ciertas críticas que no fueron aceptadas por la bancada de Fuerza Popular. Fue así que le solicitaron que retirase sus palabras que fueron consideradas ofensivas, a lo que se opuso el parlamentario de Acción Popular.

La congresista Vilcatoma dijo que aprobar el proyecto tal como está redactado sería un error; propuso que se aplique el Código Penal para los casos de corrupción y que las empresas investigadas y sancionadas no deberían contratar con el Estado. Si se aprueba el proyecto sería “una traición al Estado peruano”, afirmó, y pidió no saquen normas con nombre propio.

El congresista Rozas Beltrán dijo que el proyecto permitirá que todos los corruptos “se laven la cara” y que de aprobarse va a crear un mal precedente. Añadió que con la ley, no se va a incentivar ni promover la economía del país ni la colaboración eficaz o garantizar la reparación civil. Se trata de un esquema de salvataje a las empresas corruptas.

La congresista Marisa Glave, por su parte, dijo que se trataba de un proyecto controvertido, que tenía contradicciones y que la norma regula una situación excepcional, no regular, y preguntó que si se va a seguir dando más poder al Ejecutivo.

El congresista Gilbert Violeta dijo que el proyecto garantizaba la cadena de pagos, la colaboración eficaz y el control concurrente de la Contraloría General en el trabajo de las empresas. Afirmó que durante el debate se hicieron más de 80 sugerencias y que la norma que se debate es sustancialmente mejor que el Decreto de Urgencia.

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