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Aplauso costoso

“No es inteligente decirle al asaltante ‘no negocio con criminales’ cuando apunta la pistola a la sien”.

«Ojalá Odebrecht no tenga derecho. Ojalá podamos quedarnos con sus 2.000 millones de dólares sin darle nada a cambio a ellos ni a sus acreedores».

 “El gobierno no negocia con corruptos”. Aplausos. Después de los aplausos, otros tendrán la responsabilidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo que no negociarán con Odebrecht. Esta empresa ha demandado al Estado Peruano por el avance de obra no pagado en el gasoducto sur peruano.

Odebrecht sostiene que invirtió en el avance físico de 33% de la obra. Reclama, por eso, 1.200 millones de dólares ante el CIADI, organismo internacional de arbitraje. Corresponden a parte de lo invertido (que equivaldría a 1.980 millones de dólares).

Odebrecht es la empresa que sobornó, entre otros, al expresidente Alejandro Toledo. Dice que no ha querido llegar al CIADI y que está dispuesta a suspender o cancelar su reclamación.

Es una amenaza disfrazada de buenas intenciones. A pesar de eso, la respuesta no puede ser la búsqueda del aplauso.

El ministro dice que no negociamos con corruptos. ¿Y si le debo plata al corrupto? ¿No debo pagarle? ¿No debo negociar su salida y alejamiento?

Compro una casa, y pago solo un adelanto. Poco tiempo después, llevan preso al vendedor porque agredió a su mujer. ¿Me quedo con la casa? ¿Me quedo a vivir ahí gratis?

Se acercan los abogados del agresor. ¿Le devuelvo la casa? ¿Negocio la devolución del adelanto? ¡No negocio con atacantes de mujeres! ¡Me quedo con la casa!

El contrato con Odebrecht obligaba al consorcio constructor a conseguir la financiación. Odebrecht reconoce que no la consiguió hasta la fecha límite. Argumenta que el gobierno se negó a dar las facilidades.

Este será el punto de controversia. ¿Estaba obligado el Gobierno Peruano a dar esas facilidades? ¿Las pudo dar y no las dio debido a una arbitrariedad? ¿O hubo válidas razones de fuerza mayor?

Sostiene Odebrecht que la terminación del contrato “no siguió la aplicación de cualquiera de los procedimientos establecidos en el contrato o en el Decreto Supremo 081-2007-EM”. Es lo que dice la demanda ante el CIADI, según ha revelado “Gestión” (7/2/20).

En una carta al fiscal Rafael Vela, la empresa refiere declaraciones del expresidente Kuczynski sobre la necesidad de que Odebrecht se retire del Perú.

Según Odebrecht, eso indicaría que “el acto de terminación del contrato de concesión fue realizado con desvío de finalidad, motivado por intereses personales (y no públicos) …”.

Esta será la defensa ante el CIADI. Odebrecht es una empresa que se desarrolló sobre la base de la corrupción. Los contratos, sin embargo, son puntuales y específicos.

El contrato se resolvió por el problema del cierre financiero. No se hizo por la aplicación de alguna cláusula anticorrupción. Odebrecht sostiene que sobornó a privados, pero a ningún funcionario en este caso.

El gobierno debe saber que trata con una empresa con delincuentes.

No es inteligente decirle al asaltante “no negocio con criminales” cuando apunta la pistola a la sien. Para una persona el interés principal es la vida; para un Estado, la conservación del derecho y de los recursos del país.

La respuesta no debe ser buscar el aplauso. El aplauso favorece al político, no al Estado.

El político se va a su casa, con sus aplausos, a la espera de su futuro electoral. El Estado se queda en su sitio. Tendrá que pagar, en otro gobierno, las consecuencias.

No hay por qué creerle de buenas a primeras a Odebrecht. Tampoco, sin embargo, desestimar su recurso ante CIADI por haber tenido o tener ejecutivos corruptos.

Las autoridades sí negocian con corruptos. La policía debe sacar declaraciones de un delincuente, los fiscales obtienen información de colaboradores eficaces.

El gobierno ¿no pudo ni puede acordar una salida de una empresa corrupta? Para quedar en la posición prístina de “no hablo con corruptos”, ¿debo facilitar que un corrupto me demande?

Los países que han tenido mega corrupción suelen obtener dinero de las empresas infractoras. El Gobierno del Perú (desde Kuczynski) ha dispuesto un esquema en el que, más bien, el Perú paga a los corruptos (como en el Caso Chaglla).

Ojalá Odebrecht no tenga derecho. Ojalá podamos quedarnos con sus 2.000 millones de dólares sin darle nada a cambio a ellos ni a sus acreedores. Ojalá no cueste caro este aplauso.

Escribe: Federico Salazar – El Comercio

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