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Año 2018: La corrupción, inestabilidad política y los derechos laborales

Termina este año y como es costumbre tenemos que recopilar los hechos más saltantes que han marcado el 2018. Este año ha sido sumamente complicado porque los peruanos estamos siendo testigos de las razones de nuestra pobreza y está solo tiene un nombre. La corrupción.

La corrupción ha permitido este año por ejemplo provocar la renuncia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski involucrado en el emblemático caso judicial Lava Jato y su principal impulsor la empresa brasileña Odebrecht. Esta situación permitió que de acuerdo con la prelación constitucional del Poder Ejecutivo llevará a ocupar la presidencia de la República a Martín Vizcarra. En medio de una notoria improvisación y sin un plan de gobierno que garantizará la estabilidad social, económica y política del país.

En 9 meses de gobierno de Martín Vizcarra, se ha impulsado una propuesta de referéndum llevada a cabo el pasado 9 de diciembre, con una agenda de 4 puntos, entre ellas la reforma judicial con la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura con la creación de Junta Nacional de Justicia. Quien deberá aprobar su ley orgánica (JNJ) es el Congreso de la República, la institución democrática más desacreditada de nuestra estructura política. En este aspecto que se ganó, creo en mi modesta opinión nada. Se debió dejar que el problema generado por la corrupción en la administración de justicia sea la propia institución del Poder Judicial, Ministerio Público y la Constitución, que lo resolvieran. No fue así se prefirió políticamente el referéndum, que no resuelve nada.

Lo mismo sucede con la figura de la no reelección de congresistas, que será la propia institución, es decir el congreso que resuelva esta situación, así como el financiamiento privado de las organizaciones políticas, que tan igual que las otras propuestas planteadas e impulsadas por el propio presidente Vizcarra, será el Congreso de la República quien las resuelva.

En medio de esta crisis política y judicial, la economía y su desaceleración está afectando a los más desprotegidos, a los de abajo, a los trabajadores quienes han visto reducir dramáticamente sus puestos laborales y sus remuneraciones recortadas por la presencia de la mano de obra barata de los migrantes venezolanos quienes se encuentran en todo el país.

Al parecer, nuestros gobernantes y autoridades están aplicando una “política de parches” que no está resolviendo los verdaderos problemas que reclaman los de abajo y que pasa por una generación de puestos de trabajo, que garantice buenas remuneraciones, buenas pensiones y buenas prestaciones de salud. Nada de esto está sucediendo y eso es lo peligroso en una democracia tan débil, como la nuestra.

Escribe: Oscar Larenas Núñez  

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