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Acusar sin investigar

“Los fiscales no deben ser moralizadores de la sociedad. Deben investigar y acusar. En ese orden y de manera profesional”.

El fiscal José Domingo Pérez, como todo ser humano, comete errores. Algunos de sus errores dañan el derecho de las personas.

Uno de los recientes errores se refiere al interrogatorio al que sometió al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón.

El fiscal interrogó sobre bases deleznables. Además, dio cuenta de la entrevista de una manera tergiversada.

El interrogatorio fue sobre la participación de Sardón como miembro del consejo directivo de la ONG Reflexión Democrática (RD). Esta organización canalizó recursos para las campañas de candidatos al Congreso del 2011.

RD financió la campaña de 23 candidatos, entre ellos, ocho del partido fujimorista. Para el fiscal, sin embargo, parecería que solo se trató de estos ocho.

El fiscal da a entender que Sardón entregó dinero a los fujimoristas. Obviamente, apunta a un conflicto de intereses entre el pasado de Sardón en una ONG y su presente como magistrado del TC.

La información sobre RD está en la web. Sus exdirectivos han dicho cómo funcionaba esta financiación. No hay nada misterioso, oculto, sospechoso, ilegal o indebido.

Todo eso lo pudo averiguar el fiscal José Domingo Pérez antes de interrogar a Sardón. Si lo hizo, fingió no haber recibido la información.

La función de un fiscal no es simplemente acusar. Es conducir la investigación y, en consecuencia, acusar.

Sardón fue miembro del consejo directivo de la entidad. No fue “director” de la misma, como declaró a la prensa el fiscal José Domingo Pérez.

La palabra ‘director’ es ambigua: puede significar ‘miembro de un directorio’ o puede remitir al que dirige una organización. El fiscal conoce la diferencia, pero la ignoró.

Pérez habló de director, en vez de consejero. Al miembro de un consejo se le debe llamar así: consejero, no director.

El representante del Ministerio Público declaró a la prensa no como quien da cuenta de información recogida, sino como quien termina una indagación.

“Se ha canalizado dinero de empresarios, precisamente para esta campaña electoral, de empresas como Buenaventura, el grupo Romero y el grupo Gloria”, dijo Pérez Gómez.

Se ha tenido como beneficiarios, agregó, “a quienes postularon como candidatos, Luz Salgado, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga, Juan José Díaz Dios y cuatro postulantes más del partido Fuerza 2011”.

No se entiende cómo el fiscal pretende que no se conozca la verdad, frente a la media verdad. La verdad es que se financió a 23 candidatos, no solo a ocho fujimoristas. En el 2011, ¿cómo no iba a incluirse al fujimorismo?

Sardón no “canalizó” dinero hacia nadie. “Se ha canalizado” es impersonal, y Pérez lo sabe. Opta, sin embargo, por esta fórmula vaga, para alentar la especulación sobre el magistrado.

Quienes seleccionaron a los candidatos beneficiarios del programa fueron rectores de varias universidades. Las empresas que donaron hicieron un fondo, no entregaron dinero a las personas.

Se tomaron muchos recaudos para ayudar a financiar campañas de manera no personal. Para el fiscal, sin embargo, nada de eso es relevante.

Para el funcionario del MP es relevante que Sardón haya votado en favor del hábeas corpus de Keiko Fujimori. O sea, además de darle plata a los fujimoristas, libera a su lideresa en el 2019.

Bajo esta suposición, Sardón es donante permanente y universal del fujimorismo. No paga un favor, sino que él los otorga incesantemente al fujimorismo.

Para investigar se necesita ser acucioso, no fantasioso. Las hipótesis no pueden ser arbitrarias, deben ser lógicas y tener sentido.

El fiscal José Domingo Pérez debe reconocer el error y el tipo de error. Él y la fiscalía deben aprender.

No tenemos tantos fiscales. Hay que trabajar con los que tenemos, si es que ellos quieren trabajar. Si el error no sirve para aprender, no sirve de nada.

El Ministerio Público debe corregir estos errores. Debe desarrollar su doctrina sobre este aprendizaje. Si no quieren perfeccionar la función fiscal, que la abandonen.

En los procesos contra actos de corrupción no vemos un trabajo profesional. Vemos mucho entusiasmo y mucha pasión, pero poco profesionalismo y menos seriedad.

Los fiscales no deben ser moralizadores de la sociedad. Deben investigar y acusar. En ese orden y de manera profesional.

Escribe: Federico Salazar – El Comercio

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