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A un año de la tragedia del Chapecoense, aún no se pagan las indemnizaciones

Sao Paulo. Ha pasado un año desde que el avión en el que viajaba el Chapecoense se estrelló en Colombia, un año que para los familiares de las víctimas ha sido angustiante, con las investigaciones aún por concluir mientras la aseguradora de LaMia les ofrecía un acuerdo económico para evitar futuras denuncias.

Las autoridades de Colombia, Bolivia y Brasil tratan todavía hoy de encajar las últimas piezas de la tragedia área que acabó con la vida de 71 personas entre futbolistas, preparadores, directivos y periodistas, a fin de encontrar a unos posibles responsables difíciles de señalar, porque no todos están identificados.

La Justicia boliviana ha concedido a la Fiscalía seis meses más para apurar el caso en el que por el momento han sido detenidos el director de la aerolínea boliviana LaMia, Gustavo Vargas Gamboa; su hijo Gustavo Vargas Villegas, y el exsupervisor de tránsito aéreo Joons Miguel Teodovich.

Brasil ha abierto una nueva línea con Loredana Albacete y su padre, el ex senador venezolano Ricardo Albacete, quien sería uno de los socios de la compañía junto con un “alto cargo” del Gobierno Boliviano, según revelaron a Efe asociaciones de víctimas con base a informaciones de la Fiscalía.

La sospecha es que LaMia solo operaba la aeronave por lo que los reales propietarios son otros y no los bolivianos Rocha y Miguel Quiroga, el piloto del avión que murió en el accidente.

“La mayoría somos conscientes de que llevará algunos años para que tengamos realmente una conclusión”, dice a Efe Fabienne Belle, quien perdió a su esposo la fatídica noche del 28 de noviembre del 2016 y ahora es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Vuelo del Chapecoense (Afav-C).

Más que cuestionable parece la estrategia de la aseguradora BISA Seguros y Reaseguros, pues hasta el momento la inmensa mayoría de las víctimas no han visto ni reales, ni bolivianos, ni tampoco pesos colombianos. No han recibido nada de la póliza.

Los reaseguradores determinaron la improcedencia para los pasajeros de la cobertura para el accidente, pero a cambio contrataron un poderoso bufete de abogados, Clyde & Co, para gestionar un fondo de “asistencia humanitaria” con 200.000 dólares para cada familia afectada.

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