El delito de negar

El Poder Ejecutivo del Perú ha remitido al Congreso un proyecto de ley que busca penalizar a quienes nieguen que Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) cometieran actos de terrorismo.

Se quiere sancionar el negacionismo, delito configurado en muchos países. El principio nació con el objeto de castigar a los que negaban el Holocausto practicado por los nazis contra los judíos. Hay quienes, como el alemán Horst Mahler, sostienen que el holocausto no existió nunca. Hay, por supuesto, miles de testimonios de víctimas que indican que sí hubo matanzas en masa de judíos, hornos crematorios, torturas que conducían a la muerte.

Jorge Semprún, el escritor español que estuvo prisionero en un campo de concentración nazi, relató, después de un largo silencio doloroso, cómo vio llegar un tren repleto de niños judíos, a quienes los soldados aplicaban puntapiés y puñetes antes de conducirlos a los hornos de la muerte.

En Alemania, Austria, Eslovaquia, Lituania, Canadá, Nueva Zelandia, Israel, Holanda y otros países constituye delito negar el genocidio contra los judíos.

En España, en cambio, la negación del Holocausto es legal desde hace cinco años. El Tribunal Constitucional Español consideró que un dispositivo contra el negacionismo podía atentar contra La Libertad de expresión.

En el Perú se ha señalado también ese peligro. Los abogados del Movadef afirman que su partido nunca practicó el terrorismo. Los vecinos de la calle Tarata saben lo que ocurrió ahí, porque, según declaración grabada de Abimael Guzmán, Miraflores era el centro del poder financiero.

Aun así, se requiere sumo cuidado para legislar en esta materia. Ya se han pronunciado juristas que consideran que si alguien, que no es senderista, opina que ese movimiento no practicó el terrorismo, podría ser encarcelado a pesar de no haber cometido atentado alguno. Hay, pues, una delgada línea de sombra. Transgredirla puede convertir en reos a quienes expresan dudas o discrepancias.

En la práctica judicial de Inglaterra se hace un distingo entre opinión y acción. Si alguien sostiene que la monarquía debe ser suprimida, y los monarcas, eliminados, la ley no los sanciona. Otra cosa es sí la Policía o el Poder Judicial descubre que esa persona quiere pasar de la idea a los hechos.

Un aspecto discutible del proyecto gubernamental es que apunta contra los que nieguen actos de terrorismo de organizaciones subversivas, pero deja al margen el terrorismo de las fuerzas del orden.

Quizás sería bueno seguir el ejemplo de Francia, que castiga no sólo a quienes niegan el Holocausto, sino también a quienes niegan los crímenes contra los derechos humanos. El Fujimorismo militante y el entorno de Alan García, quien ordenó matanzas como la de El Frontón y la de Bagua, deberían ser abarcados por una ley contra el negacionismo.

Escribe: César Lévano – La Primera